O te callas o te exilias: gobiernos contra voces incómodas

El comediante Camilo Díaz, conocido como Culotauro, se vio forzado a interrumpir la grabación de la quinta temporada de su podcast Por la Ventana debido al asedio y las intimidaciones frontales que lo cercan desde el pasado 21 de junio, justo después de la segunda vuelta presidencial y de publicar un episodio cuyo invitado era Iván Cepeda. Camilo asegura haber recibido amenazas de muerte por teléfono y hostigamiento en su casa. Dice en un comunicado oficial publicado hace cuatro días que se irá “del país a buscar raspones en otras tierras, les agradezco por ser tan chimbas. No dejaré de hacer chistes, en este punto no puedo pensar en el “Éxito” de un programa si está en juego la seguridad”.

El mensaje del poder y los violentos fue claro: no solo se intentó silenciar una rutina, un formato o un chiste que incomoda, se atacó directamente la capacidad de una sociedad para mirarse al espejo y procesar sus propios absurdos. El hostigamiento hacia él no es una anécdota digital, es un recordatorio de que en este país la palabra sigue siendo un campo de batalla, por eso el Radar Bulla de Cartel Urbano se enciende una vez más en estos cinco años, durante los cuales se ha hecho monitoreo de más de 300 casos de vulneración a la libertad de expresión artística.

La censura no busca únicamente apagar un micrófono, su objetivo real es alterar el tejido colectivo, inoculando miedo para que la próxima vez, antes de escribir un guión, lanzar un punchline o trazar un boceto en un muro, el creador lo piense dos veces. Y es ahí donde pierde la sociedad entera.

Defender la libertad de expresión no es solo un debate académico para círculos cerrados, es una urgencia de calle. Cuando los ciudadanos se movilizan por la vida y la integridad de un comediante como Culotauro, se está protegiendo el derecho de un barrio y de un país a sanar. Una lucha como ésta compete a todo el ecosistema creativo que hoy se encuentra en riesgo. Se defiende al muralista y al grafitero por la memoria histórica en las paredes; al músico, al productor y al rapero que narran la crudeza del territorio; al actor de teatro independiente, al cineasta comunitario, al poeta urbano, a los bailarines, a los artistas plásticos y, por supuesto, a los comunicadores sociales. Las artes están en riesgo cuando incomodan al poder.

Históricamente, las movilizaciones han sido el pulmón que mantiene viva la voz de los cultores que operan al margen de las grandes industrias, quedó demostrado cuando los colectivos de gráfica urbana, las ollas comunitarias y el hip hop se fusionaron para gritar lo que el establecimiento quería editar. Las calles se volvieron galerías a cielo abierto que protegían la vida de quienes creaban.

La resistencia no se inventa hoy; se hereda de quienes ponen el cuerpo en la línea de fuego todos los días en América Latina y el Caribe. "La calle no calla" es el lema que palpita en los muros gracias a colectivos independientes como Toxicómano Callejero, que bien resume la esencia del arte urbano. Para los muralistas, la pared es el noticiero que desafía la censura oficial. El poder borra un mural hoy, pero mañana aparecerán tres.

En la escena musical independiente el rap underground siempre ha sido el relator de la crudeza. Como lo dejó grabado en la memoria del continente el rapero colombiano El kalvo  en su canción Polémico y presunto: “La solidaridad no existe sin prensa presente (No) (Las guerras son alimentadas con hambre) Por poner en el poder a los despilfarradores de siempre y pensar que el resultado puede ser diferente”. El rap crudo, el que se forja en la autogestión, es el que asume el costo de nombrar las injusticias cuando el poder intenta imponer el silencio.Y si se mira hacia el Caribe, en las calles de La Habana los raperos y artistas visuales independientes del Movimiento San Isidro demostraron que el arte autogestionado puede hacer temblar a todo un aparato estatal. Nos enseñaron que la libertad de creación se ejerce desde la humanidad y el barrio, incluso poniendo en riesgo la propia libertad física.

Hoy en día, las figuras políticas y los gobiernos de turno en América Latina han sofisticado sus tácticas. La censura ya no siempre llega en botas militares, ahora se viste de traje, se redacta en los parlamentos y se ejecuta mediante algoritmos. El asedio a los artistas se ha institucionalizado a través de mecanismos informales de presión, es decir, llamados de atención, bajada de línea voz a voz, manipulación financiera a través del otorgamiento o no de fondos; todo esto, por supuesto, con la intención de no dejar evidencia alguna a la luz pública. Ejemplos hay muchos, voy a referirme a tres.

1. Acoso judicial y financiero (Lawfare)

Candidatos y gobernantes utilizan demandas por injuria, calumnia o "daño al buen nombre" para asfixiar económicamente a comediantes, periodistas y artistas. El objetivo no es ganar el juicio, sino quebrar al creador pagando abogados hasta obligarlo a callar. A esto se suma el "apagón cultural", en el que mediante decretos se desfinancian ministerios y fondos de arte bajo la excusa de la austeridad, atacando directamente el sustento de los cultores independientes. Las falsas "leyes contra el odio", que bajo la premisa de regular la desinformación o el discurso de odio, varios países de la región han implementado legislaciones ambiguas. En América Latina el ejemplo más documentado está en Venezuela, que desde la aprobación de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia en 2017, organizaciones nacionales e internacionales han documentado que su redacción amplia ha permitido perseguir no solo a periodistas y activistas, sino también a artistas y humoristas. Uno de los casos más conocidos es el del comediante José Rafael Guzmán, que en 2019 fue objeto de investigaciones y amenazas de acciones judiciales bajo esta ley a raíz de comentarios satíricos realizados durante sus presentaciones y difundidos en redes sociales. Ahora, con respecto a las leyes de "apología al delito", según nuestro Radar Bulla al menos 4 estados y ciudades de México han modificado su marco legal para prohibir la interpretación de narcocorridos en eventos públicos: Aguascalientes, Querétaro, Tijuana y Chihuahua. Por su parte, en Ciudad de México una reforma similar a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos ya fue aprobada por el Congreso y está pendiente de entrar en vigencia. 

2. Leyes de "agentes extranjeros"

En un intento por cortar el oxígeno a la cultura independiente, regímenes en Centroamérica y el Caribe han aprobado leyes que criminalizan la recepción de fondos internacionales; si un colectivo teatral o un medio de comunicación comunitario recibe apoyo de una ONG internacional, es tildado de “amenaza a la soberanía”, justificando allanamientos y exilios. En Nicaragua, por ejemplo, la Ley de Agentes Extranjeros contra el arte / Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (No. 1040) ha sido usada para disolver al menos cinco organizaciones culturales, entre ellas PEN Nicaragua y la Fundación Luisa Mercado, así como para perseguir a artistas como la escritora Gioconda Belli y el escritor Sergio Ramírez, ambos desnaturalizados en 2023. Nuestro Radar Bulla documentó los casos de los muralistas nicaragüenses Kevin Laguna Guevara y Oscar Danilo Parrilla Blandón, detenidos, encarcelados nueve meses y expulsados apátridas en 2024, mientras varios músicos que tocaron en un concierto homenaje en 2022 fueron arrestados, puestos en listas negras o desterrados.

3. Censura digital y sicariato virtual

Por último, las campañas políticas actuales tienen ejércitos de trolls (las conocidas "bodegas") operando, encargados de perfilar y destruir la reputación de artistas críticos. Promueven denuncias masivas para tumbar cuentas en redes sociales, aplican el shadowbanning (censura invisible en plataformas) y exponen datos personales de los creadores (doxxing), trasladando la violencia de la pantalla a la puerta de sus casas.

Un laberinto burocrático 

En el papel, el marco legal ampara la creación; el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia garantiza el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos y opiniones. Sin embargo, la realidad que documenta el Radar Bulla revela una brecha abismal entre la norma escrita y la vida de las y los creadores y artistas.

Frente a este riesgo, el proceso de denuncia es un laberinto burocrático que con demasiada frecuencia revictimiza. Cuando un artista independiente, ya sea un gestor cultural amenazado en su territorio o un comediante acosado mediante ataques digitales coordinados, decide acudir a las autoridades, se estrella con un sistema judicial que minimiza el riesgo. Las amenazas suelen desestimarse como simples "gajes del oficio" o conflictos menores en redes sociales, ignorando que el silenciamiento sistemático y el perfilamiento son violaciones graves a los derechos humanos.

A esto se suma que la carga probatoria recae enteramente sobre el creador. El artista debe demostrar, con recursos investigativos y económicos que muchas veces no posee, que su vida está en peligro inminente, mientras las rutas de protección institucional operan a un ritmo lento. Para un creador autogestionado invertir tiempo, recursos y salud mental en un proceso legal desgastante, enfrentándose a la negligencia estatal, se traduce a menudo en la ruta más dolorosa: la autocensura. Denunciar se ha convertido en un acto de fe contra un sistema que rara vez llega a tiempo para artistas.

No se puede normalizar que hacer arte en los territorios sea un riesgo. Es imperativo movilizarse en defensa de la vida de los cultores porque, sin ellos, las comunidades se quedan mudas frente a su propia realidad.

El reto actual es vital: el equipo reconoce la necesidad de conectar desde la humanidad para generar públicos conscientes en todas las formas en las que se manifiesta el mundo. Abrazar las oportunidades de conectar significa que cuando acorralan a un creador  o comediante como Camilo Díaz hasta obligarlo a cancelar su temporada y apagar los micrófonos, cuando amenazan a un músico de la escena local, o cuando persiguen a un gestor cultural, la audiencia no puede limitarse a dejar un like indignado en redes sociales. El público debe ser su primera línea de defensa, la red de apoyo legal, emocional y social que garantice que la creación no cueste la vida ni la salud mental.

El arte libre y autogestionado salva a la sociedad de la barbarie todos los días. Lo mínimo que se le debe es devolver el favor, garantizando que quienes se atreven a hacernos reír incluso bajándose de la ventana de un carro por proteger a los suyos, quienes nos hacen pensar y quienes nos enseñan a resistir, puedan volver tranquilos a casa.