Desmonte de piezas del Museo Nacional: los daños de la “contrarrevolución cultural” para la libertad artística

Nuestro Radar Bulla manifiesta su preocupación por los anuncios realizados el 15 de octubre por el presidente Abelardo De La Espriella durante su primera visita al Ministerio de Cultura, en el Claustro de Santa Clara, y por el desmonte de al menos 30 piezas del Museo Nacional de Colombia ocurrido ese mismo día. El mandatario instruyó a la ministra de Cultura, Paola Holguín, para que “desaparezcan de los lugares públicos” las representaciones que calificó como apología al terrorismo, con mención expresa de la figura de Carlos Pizarro. Asimismo, anunció una política de “contrarrevolución cultural” orientada a combatir lo que denominó “wokismo” y “social-comunismo” en los ámbitos culturales y académicos. El presidente afirmó que su gobierno asume “una lucha abierta y total contra el wokismo” y presentó esta política como una ruptura con el “régimen anterior”, al que acusó de usar las instituciones culturales para promover una interpretación ideológica de la historia.

Ese mismo día, el Ministerio de Cultura ordenó retirar al menos 30 piezas de tres salas del Museo Nacional de Colombia, en Bogotá. Entre ellas se encuentran fotografías, publicaciones y objetos que narran la historia de los movimientos LGBTIQ+ y feministas, los afiches de campaña de Carlos Pizarro y de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de la Unión Patriótica asesinado en 1990, y el conjunto de piezas sobre el periodo comprendido entre la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016. Según fuentes del Museo, que pidieron reserva de su identidad por temor a represalias, las piezas se eligieron a puerta cerrada y sin pasar por las instancias curatoriales encargadas de aprobar los cambios en las salas permanentes.

Hasta la fecha de emisión del comunicado, el Museo Nacional no se ha pronunciado. El 16 de octubre la ministra Holguín defendió la decisión; afirmó que el museo no puede ser un instrumento de adoctrinamiento político y anunció que la museología y la curaduría de los espacios a cargo del Ministerio están siendo evaluadas y rediseñadas. Sin embargo, no precisó qué piezas fueron retiradas, con qué criterios ni mediante qué procedimiento. Esta decisión no solo restringe la libertad de expresión de quienes crearon estas piezas, sino también el derecho de las audiencias a acceder a obras que forman parte de la memoria histórica y de las colecciones de uno de los museos más importantes del país, y a formarse su propio criterio sobre ellas.

Lo ocurrido no es un hecho aislado.

En otros países, gobiernos han acompañado discursos contra determinadas expresiones culturales con medidas concretas sobre obras, programaciones e instituciones. Así ha ocurrido en la región, en países como Argentina, Brasil, El Salvador y Nicaragua. Freemuse, organización aliada del Radar Bulla, ha documentado dinámicas comparables en Hungría y Polonia, donde gobiernos que se declararon en una “guerra cultural” intervinieron museos, teatros e instituciones culturales. En Turquía y España, las autoridades recurrieron a figuras como la propaganda o el enaltecimiento del terrorismo para perseguir a artistas y censurar sus obras.

Nuestro trabajo de monitoreo y documentación nos permite identificar que este tipo de pronunciamientos abre la puerta a:

* El retiro de obras del espacio público por decisión del Ejecutivo sin un procedimiento previo ni control judicial, como ya ocurrió en el Museo Nacional.

* La restricción de contenidos artísticos con base en categorías amplias e imprecisas, como la “apología del terrorismo”.

* La imposición de una interpretación oficial de la historia en detrimento de la pluralidad de memorias.

* La exclusión de artistas y organizaciones de convocatorias, estímulos, financiamiento y espacios institucionales en razón del contenido de sus obras, lo que equivale a una forma indirecta de censura.

* La estigmatización de artistas, colectivos, gestoras y gestores culturales y de la comunidad académica, que puede poner en riesgo su seguridad en un país donde persiste la violencia contra líderes y lideresas sociales y culturales.

* La censura de expresiones artísticas sobre género y diversidad sexual, con un impacto particular sobre artistas LGBTIQ+ y sus obras.

* La presión ideológica sobre servidoras y servidores públicos del sector cultural, que puede derivar en despidos por motivos de opinión y nombramientos por afinidad política.

* La autocensura de artistas, colectivos e instituciones culturales con efectos directos sobre los temas que se abordan, las obras que llegan a circular y la diversidad del debate público.

La orden presidencial desconoce el artículo 71 de la Constitución Política, que establece que la expresión artística es libre, y el artículo 7, que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación. También contraviene las obligaciones internacionales del Estado colombiano. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 13) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 19) protegen la difusión de ideas en forma artística. La Convención Americana prohíbe además restringir la libertad de expresión por vías o medios indirectos, como condicionar el apoyo estatal al contenido de las obras. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 15) reconoce el derecho de toda persona a participar en la vida cultural, y la Convención de la UNESCO de 2005, ratificada por Colombia, compromete al Estado con la diversidad de las expresiones culturales.

Según los estándares de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre derechos culturales (A/HRC/23/34), retirar una obra del acceso público es una restricción de la libertad artística. Para ser legítima, toda restricción debe estar prevista en una ley clara y precisa, explicar sus motivos y poder impugnarse ante un juez. Además, solo una autoridad judicial puede establecer responsabilidades por el contenido de una obra. Hasta ahora, la orden presidencial no cumple estas condiciones: no se apoya en ningún procedimiento conocido, recurre a una categoría amplia y discrecional, y otorga al Ejecutivo la facultad de decidir qué obras pueden permanecer en el espacio público.

En contextos de conflicto armado, calificar como terrorismo las expresiones artísticas críticas ha sido una forma recurrente de censura. En Colombia, la orden presidencial adquiere mayor gravedad porque el país aún transita hacia la paz y la memoria del conflicto sigue en construcción. Carlos Pizarro firmó el acuerdo de paz de 1990 entre el Gobierno nacional y el M-19 y fue asesinado ese mismo año siendo candidato presidencial. Presentar las obras que lo representan como apología del terrorismo desconoce el sentido de ese acuerdo y afecta la confianza de quienes hoy participan en procesos de reincorporación y reconciliación. Retirar del Museo Nacional la memoria de Bernardo Jaramillo Ossa desconoce, además, que en 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la violencia sistemática contra integrantes y militantes de la Unión Patriótica.

En los territorios más afectados por el conflicto, víctimas, organizaciones de mujeres, colectivos juveniles, comunidades étnicas y firmantes de paz han construido murales, monumentos y lugares de memoria. Estas obras forman parte de la reparación simbólica reconocida en la Ley 1448 de 2011. Una orden de retiro basada en una categoría tan imprecisa puede interrumpir esos procesos y exponer a quienes crearon las obras a la estigmatización en zonas donde persisten actores armados. En la Sentencia T-202 de 2026, la Corte Constitucional protegió el mural Las cuchas tienen razón, pintado en Manizales en homenaje a las mujeres buscadoras, y exhortó a los servidores públicos a salvaguardar las obras vinculadas a la memoria de las víctimas.

La Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre derechos culturales ha advertido que, en sociedades que atraviesan procesos de paz, los Estados deben abstenerse de imponer narrativas oficiales únicas sobre el pasado (A/HRC/25/49). En la misma línea, la entonces relatora Karima Bennoune alertó en 2018, tras su visita a Polonia, sobre los riesgos de la “ingeniería cultural oficial”. Cuando el Estado define qué memorias pueden ocupar el espacio público, impone una sola versión de la historia y excluye las demás.

La cultura es un pilar de la democracia y de una sociedad plural, en la que las ideas y las identidades también cobran vida a través de las expresiones artísticas y culturales. Estas expresiones permiten releer la historia desde múltiples miradas, cuestionar el poder, reconocer la diversidad y construir memoria colectiva. Restringirlas desde el Estado debilita el ejercicio de la ciudadanía, el debate público y la construcción de paz en un país que aún carga con las heridas del conflicto armado.

Instamos al Ministerio de Cultura y al Museo Nacional a informar públicamente qué piezas fueron retiradas, con qué criterios y mediante qué procedimiento, así como el alcance de la evaluación y el rediseño anunciados por la ministra.

Foto: Marcela Sánchez Buitrago / Colombia Diversa, publicada en X (@marcela_s_b)

***

Ante este escenario, invitamos a la comunidad de Cartel Urbano a ejercer en conjunto una veeduría ciudadana sobre:

* Los actos administrativos que deriven de la orden presidencial.

* El retiro efectivo de obras concretas, con su autoría, ubicación y fecha.

* La modificación o cancelación de convocatorias y estímulos.

* Los cambios de personal en las entidades culturales.

* Otras acciones que atenten contra la libertad de expresión artística y creativa.

Garantizar la libertad artística y creativa es una obligación del Estado y defenderla es una tarea de toda la sociedad.

Si usted o alguien que conoce ha enfrentado censura, retiro de obras, cancelación de actividades o presión institucional, puede reportarlo a través del correo [email protected] y próximamente a través de nuestro formulario seguro.