Latinoamérica y el contrapeso a la censura artística

 

Los hechos que censuran y restringen el quehacer artístico con laberintos burocráticos ocurren en medio de una erosión más amplia del espacio cívico en las Américas. El CIVICUS Monitor, una herramienta de monitoreo de derechos humanos impulsada por la sociedad civil, califica el espacio cívico como cerrado en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y como reprimido u obstruido en otros 13 países de la región. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana (RELE) ha establecido un test de tres pasos para evaluar las restricciones a la libertad de expresión bajo el artículo 13 de la Convención Americana. Varios de los casos que documentamos a continuación se sostienen en criterios administrativos vagos o justificaciones no reveladas, difíciles de conciliar con ese estándar.

De los 75 casos registrados, la música fue la práctica más afectada (25 casos), seguida de las artes visuales (23) y las artes escénicas (11). Las autoridades estatales fueron directamente responsables en 25 casos, mientras que en 23 los responsables permanecen desconocidos: la mayoría, asesinatos y amenazas contra músicos atribuidos al crimen organizado.

 

Las Cuchas tienen razón. Fuente: https://revolucionobrera.com/actualidad/las-cuchas-tienen-la-guerra-de-murales/

 

Censura por vía legal y administrativa: un mapeo por el sur

 

La censura y la cancelación fueron las vulneraciones más registradas durante este periodo, con 27 casos documentados. Varios de estos casos responden a lo que identificamos como censura “por debajo del radar”: el acto censor no deja arrestos ni obras destruidas, pero sí licencias denegadas, títulos exigidos o directivas de programación que restringen el trabajo de un artista sin declararlo abiertamente. Es, probablemente, una manera de eximirse de responsabilidad: si nadie reconoce haber censurado, nadie tiene que responder por ello.

El Ministerio de Cultura de Perú ordenó, minutos antes de su inauguración en marzo de 2026, el retiro de una escultura satírica del artista Salvatore Laguna Zelada, egresado de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, argumentando que “iba en contra del período electoral”, de cara a la segunda vuelta presidencial del 7 de junio.

El 13 de junio, el Congreso de Perú publicó la Ley N.° 32645, que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP) y le otorga la facultad de actuar como última instancia en los procedimientos disciplinarios contra sus miembros, además de exigir un título formal para afiliarse. Colectivos artísticos amazónicos se opusieron, citando datos según los cuales el 82 % de los artistas registrados en el país, formados por vías ancestrales o autodidactas, quedarían excluidos del colegio y del reconocimiento profesional que éste otorga.

En Brasil, el Museo de la Lengua Portuguesa de São Paulo cerró la exposición Funk: Um Grito de Ousadia e Liberdade el 31 de mayo, tres meses antes de lo previsto, después de que el diputado estadual Tenente Coimbra, del PL, la denunciara ante la Fiscalía por presuntamente normalizar el crimen organizado. El museo alegó razones de calendario, pero la curadora calificó la decisión como censura con sesgo racial, dado que la muestra se centraba en artistas negros.

 

FUNK Um grito de ousadia e libertade. Fuente:  raiz.art.br

 

Por su parte, las intervenciones del gobierno de Javier Milei sobre el patrimonio y la programación cultural del Estado continuaron durante el semestre. En marzo, la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, retiró sin explicación oficial una reproducción de la obra de Helmut Ditsch El triunfo de la naturaleza, inspirada en el glaciar Perito Moreno y exhibida en la antesala del palacio presidencial desde 2012; el propio Ditsch señaló la coincidencia con el debate de la Ley de Glaciares en el Congreso y calificó de “humillante” las trabas para recuperar la obra. En junio, trabajadores de la emisora estatal Radio Nacional, representados por el sindicato FATPREN, denunciaron directivas que prohíben la difusión de canciones de algunos artistas, entre ellos la cantante Lali Espósito, quien ha sido una de las voces más críticas contra el presidente Milei desde 2023 y a quien él ha atacado reiteradamente en público; la dirección de Radio Nacional negó que exista una prohibición formal y calificó sus decisiones de programación como “línea editorial”.

Legisladores y fiscales brasileños mantuvieron su ofensiva contra la música asociada con narrativas del crimen organizado, una tendencia que documentamos en este país desde 2025. El 26 de abril, en Fortaleza, las autoridades detuvieron al cantante de funk MC Black da Penha tras una presentación, después de que la Fiscalía calificara sus letras de exaltación a una organización criminal.

En mayo, el Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad (44 a 0) una reforma a las leyes de espectáculos públicos y protección de la niñez que prohíbe contenidos en conciertos y eventos públicos que hagan apología del delito, una medida dirigida principalmente a los narcocorridos. Su promotora, la diputada Laura Alejandra Álvarez Soto, del PAN, citó estimaciones de que entre 30.000 y 40.000 menores han sido reclutados por grupos criminales en el país, mientras otro legislador describió la medida como preventiva.

La reforma define el contenido sancionado únicamente como aquel que “exalta, justifica o normaliza” la actividad delictiva, sin mayor precisión, y no había sido publicada en la gaceta oficial de la ciudad hacia finales de junio.

Proteger a la niñez de contenidos que la exponen al reclutamiento criminal es un fin legítimo, pero el test de tres pasos de la RELE exige que las restricciones estén definidas con precisión; términos tan amplios como “exaltar” o “normalizar”, como el estándar de “apología” usado contra MC Black da Penha, dejan a los funcionarios un margen de discreción amplio sobre qué canciones o eventos sancionar. Como en los casos de Perú, Brasil y Argentina: cuanto más impreciso el argumento oficial, más difícil resulta señalar la censura como tal.

 

Helmut Ditsch, El Triunfo de la Naturaleza. Fuente:  sitio web del artista www.helmut-ditsch.com

 

Murales y espacio público en disputa: Colombia, México y Brasil

 

El arte urbano ha sido durante mucho tiempo una forma de resistencia en América Latina y convierte las calles en espacios de crítica y sátira. Para la antropóloga Claudia Bosoni, el arte urbano irrumpe en la escena latinoamericana con actores y escenarios muy distintos a los de las principales ciudades de Europa y Norteamérica: el contexto político hace que la calle se convierta en el lugar donde se cuestiona la censura y se visibiliza lo que los medios masivos suelen ignorar. Esa visibilidad hace de los murales un blanco cada vez más frecuente. Autoridades y particulares han destruido, borrado o repintado obras empleando distintos argumentos; el más frecuente durante este periodo fue el de las razones administrativas, es decir, permisos no solicitados, denuncias por daños a la propiedad o iniciativas de “rehabilitación” urbana.

En Ciudad Juárez, la policía municipal detuvo a los artistas urbanos Miguel “Mick” Martínez y Chuchito Psy el 11 de abril, horas después de que pintaran un mural satírico del alcalde Cruz Pérez Cuéllar en el que se le representaba con nariz y orejas de cerdo, en una vivienda cuyos residentes habían autorizado la obra. Después de que los agentes borraran el mural, las autoridades manifestaron que las detenciones fueron por consumo de alcohol en la vía pública, no por el contenido del mural, pero líderes de oposición lo calificaron de censura política.

 

Mural satírico del alcalde de Ciudad Juárez realizado por los artistas  Mick Martínez y Chuchito Psy. Fuente:  Medio Cardel al Dia www.facebook.comphotofbid=1576969724434549&set=pcb.1576969791101209.jpg

 

A fines de abril, el gobierno municipal de Pachuca, también en México, confirmó que había borrado la obra del muralista Eduardo Zamora, Mi baile de rosa, parte del programa PECDA Hidalgo 2023, sin previo aviso. La cubrieron con guinda, el color emblemático de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), partido gobernante, como parte de una iniciativa de "rehabilitación de muros". Tras las críticas, las autoridades dijeron que ayudarían a recrear la obra. 

En Goiânia, Brasil, el empresario Luciano Hang, dueño de la cadena minorista Havan, participó junto al alcalde Sandro Mabel en un repintado del viaducto Iris Rezende Machado que cubrió “El viajero solitario”, el personaje del grafitero Smith Art Tattoo pintado frente a una tienda de Hang, y lo acusó públicamente de vandalismo; Smith dijo que él y su familia recibieron amenazas tras la publicación de Hang.

Cerca de la residencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez en Rionegro, Colombia, artistas y defensores de derechos humanos pintaron, de la mano de familiares de las víctimas, un mural con la frase “7.837 almas que no te dejarán dormir”, en referencia a los asesinatos de civiles presentados como bajas en combate por la fuerza pública. Uribe pintó personalmente encima del mural y acusó al congresista electo Hernán Muriel, quien había ayudado a organizarlo, de tener una “actitud terrorista”. Semanas después, la Corte Constitucional de Colombia tomó la postura contraria en cuanto a la defensa de la expresión artística y la memoria a través del mural, y ordenó proteger el mural de Medellín “Las cuchas tienen razón”, vinculado a las víctimas del conflicto armado y a las madres que buscan a sus familiares desaparecidos, al considerarlo una expresión artística legítima protegida por la ley de memoria histórica de 2024.

 

Luciano Hang y Sandro Mabel pintan el viaducto en frente de  Havan, en Goiânia.  Fuente:  Divulgação Havan

 

Continúa la violencia contra músicos y trabajadores culturales 

 

Los asesinatos representaron al menos 10 de los casos registrados en el primer semestre de 2026, la mayoría músicos, concentrados en Colombia, México y Perú.

El cantante peruano de salsa, Fabio Alejandro, murió baleado a la salida de una discoteca en Lima el 25 de enero, cuando llegaba a presentarse en el lugar. En mayo, individuos desconocidos que se movilizaban en moto asesinaron a balazos a Sergio Joel Ojeda Córdova, del staff técnico de la agrupación de cumbia Los Hermanos Chapoñay, en Piura. Ambos crímenes ocurrieron en un contexto de extorsión, con hasta 65 orquestas peruanas pagando a grupos criminales, algunas hasta el 30 % de sus ingresos por concierto.

Arturo Rivera, vocalista de la agrupación de música regional mexicana Grupo Reacción, murió baleado en pleno show, en Tijuana, en marzo. En mayo, el artista de reggaetón Mario Alberto Barreto Domínguez (Degezeta) perdió la vida en un ataque armado en Culiacán, junto a un miembro de su equipo, horas después de grabar su nuevo álbum.

Alberth Piñeros, artista plástico, gestor cultural y fundador del espacio cultural independiente LaK-Zona en Bogotá, Colombia, un referente de memoria y resistencia cultural en el centro de la ciudad desde hace más de 15 años, fue asesinado a tiros el 21 de mayo en un establecimiento del barrio Veracruz; el caso sigue sin resolverse, lo que generó preocupación por la inseguridad que enfrentan los líderes comunitarios y culturales.

En junio, al músico y gestor cultural Alex Jair Yance Castillo, de la Casa de la Cultura de Galapa, lo asesinaron sujetos no identificados en Soledad, Atlántico. Las autoridades no han identificado sospechosos en la mayoría de los casos, lo que refleja la impunidad que desde Freemuse y Cartel Urbano hemos documentado en la región.

De cara a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio en Colombia, la dramaturga Karen Lizardi y la estudiante de artes Andrea Rosas, ambas vinculadas a la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Bucaramanga, recibieron amenazas el 10 de junio, incluida una amenaza de muerte contra sus profesoras, después de que Lizardi se negara a respaldar públicamente al candidato de derecha Abelardo de la Espriella, quien terminó ganando la elección. Tras su victoria, el comediante y creador de contenido Camilo Díaz (Culotauro) suspendió la quinta temporada de su pódcast satírico Por la Ventana y se exilió tras recibir amenazas de muerte, incluidas señales láser dirigidas a su vivienda y llamadas intimidantes, hechos que denunció ante la Fiscalía. 

Algo que estos casos dejan claro, es que no hace falta que la violencia se consuma para que funcione como advertencia.

 

Cuba sigue siendo un espacio cerrado para el arte y la expresión independiente

 

Los cinco casos registrados en Cuba durante este periodo ilustran una dinámica distinta: el uso directo de las instituciones del Estado para detener y procesar a artistas independientes. En febrero, la Seguridad del Estado detuvo a los creadores de contenido Kamil Zayas y Ernesto Rodríguez Medina, del proyecto independiente El4tico, conocido por señalar las carencias cotidianas del país y desmontar el discurso oficial ante más de 90.000 seguidores; los acusaron de “propaganda contra el orden constitucional” e “incitación a delinquir”. Ambos quedaron en prisión preventiva.

En marzo, un tribunal condenó a siete años de prisión al artista visual y músico Leonard Richard González Alfonso por propaganda contra el orden constitucional. En junio, la Seguridad del Estado detuvo al humorista Eduardo Ceballos Pérez, creador del canal satírico de YouTube “Despingovery Channel”, después de que publicara un video sobre una instalación militar abandonada; lo acusan de espionaje, delito que en Cuba contempla hasta 30 años de prisión y sería juzgado por un tribunal militar. Días después detuvieron también a Christian Rodríguez Riverón, el camarógrafo que lo acompañó en la grabación, sin que se conocieran los fundamentos legales de su arresto. Ese mismo mes, el rapero Andrés Matos Alcántara (Matos MC K-Libre) acudió a una citación policial que le describieron como rutinaria y terminó detenido, acusado de instigar las protestas de cacerolazos en el barrio habanero de Barbosa.

En la isla el margen para el disenso es prácticamente nulo. Estos casos muestran que artistas y creadores de contenido quedan en situación de vulnerabilidad por opinar sobre la realidad sociopolítica del país, señalar las arbitrariedades del régimen o simplemente reclamar condiciones de vida dignas.

 

Sin embargo, hay señales de resistencia

 

El 21 de enero, la justicia argentina rechazó un intento de bloquear el estreno de Gordon, una serie de Netflix sobre Aníbal Gordon, jefe de un escuadrón de la muerte de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), condenado después por delitos de lesa humanidad. Una hija del represor había pedido frenar el estreno alegando daños irreversibles a su privacidad e imagen, pero la Cámara de Apelaciones sostuvo que no se había probado que el contenido vulnerara tales derechos y recordó que la Convención Americana prohíbe la censura previa, salvo para proteger la moral de la infancia; entonces, bloquear la serie, concluyó el tribunal, equivaldría a una censura desproporcionada.

El 23 de enero el organismo de protección de la niñez de Uruguay INAU revirtió una calificación restrictiva impuesta a la murga Doña Bastarda (las murgas, tradición del carnaval montevideano que se remonta a 1909, han hecho históricamente de la sátira política y la crítica social su rasgo distintivo) después de que el grupo explicara la intención satírica detrás de la letra cuestionada.

El 23 de febrero un tribunal de apelaciones brasileño absolvió al comediante Léo Lins de cargos de discriminación vinculados a un show de stand-up de 2022, advirtiendo que una sanción penal desproporcionada sobre ese tipo de expresión puede producir un efecto de autocensura sobre la sátira y la crítica. En mayo, el gobierno municipal de Palmas derogó una ley que impedía otorgar fondos públicos a artistas cuya obra se considerara apología del crimen organizado, tras una recomendación de la fiscalía estadual y presión de "o movimento negro"  y de arte urbano que la habían denunciado como censura previa. En junio, la alcaldesa de Vitória, Cris Samorini, vetó un proyecto de ley que habría prohibido la participación de niños, niñas y adolescentes en desfiles y eventos relacionados con diversidad sexual y la promoción del aborto legal y seguro. 

En junio, el Congreso de Colombia aprobó la Ley de la Música, que llevaba años pendiente y que fortalece la financiación y las protecciones laborales del sector. La ley crea un Fondo Especial para financiar la formación, la creación y la circulación musical en el país, exonera de IVA la compra de instrumentos y equipos de producción, y fija una cuota mínima del 40 % de participación de mujeres en festivales financiados con recursos públicos. 

Estos casos muestran que los tribunales y los legisladores siguen siendo un contrapeso real frente a la censura, y que también pueden proteger activamente la libertad artística en un sentido más amplio, incluso mientras otras autoridades amplían el uso de sus herramientas administrativas y financieras contra los artistas. 

 

Llamar a las cosas por su nombre

 

Lo que atraviesa buena parte de estos casos es la ausencia de una orden explícita de censura. Perú no dijo que prohibía una escultura, dijo que “iba en contra del período electoral”. El museo de São Paulo no dijo que cerraba una muestra sobre artistas negros, dijo que eran “razones de calendario”. Uribe no llamó al mural una crítica política incómoda, lo llamó “actitud terrorista”. La Ciudad de México no definió qué canción cruza la línea, sólo prohibió lo que “exalte, justifique o normalice” el delito, sin decir qué significa eso.

Esa vaguedad no es un descuido casual: es un patrón que hemos documentado y denunciado en reiteradas ocasiones. Es, muchas veces, la manera en que una restricción sobrevive sin tener que defenderse como censura ante los estándares de derechos humanos que amparan la libertad de expresión en la región, y que la RELE exige: precisión, fin legítimo y proporcionalidad. Cuanto más difuso el argumento administrativo, más difícil resulta señalar quién censura y por qué. La fragilidad del pretexto es, en sí misma, una prueba de que el argumento no resiste esos estándares.

Cuando un ataque contra un músico o un gestor cultural queda sin resolver, como ocurrió en la mayoría de los casos documentados este semestre en Colombia, México y Perú, no hace falta ninguna orden para que el mensaje llegue al resto del gremio: quien no paga las cuotas de extorsión, o hace caso omiso a sus amenazas, puede pagarlo con la vida. Estos hechos se suman a una cadena de eventos previos que puede llevar a un artista o trabajador cultural a autocensurarse como única forma de proteger su vida. La impunidad produce el mismo efecto de la censura porque puede influir sobre lo que un artista se atreve a decir o exponer en público.

Frente a eso, este primer semestre de 2026 también dejó señales de que la justicia y algunos gobiernos locales sí están dispuestos a nombrar las cosas por su nombre, y a proteger el arte cuando la censura llega sin justificación clara. Freemuse y Cartel Urbano seguiremos documentando cómo el poder estatal y la violencia criminal moldean lo que los artistas latinoamericanos pueden decir y dónde.

En su libro Cultura ingobernable, la gestora cultural española Jazmín Beirak señala que los derechos de creación y producción cultural están entre los más protegidos por los marcos constitucionales y legislativos, aunque plantea la cultura como un campo de disputa simbólica, no como un simple acto de consumo: un terreno cuyos efectos nadie controla del todo, porque cada apropiación genera nuevos sentidos. Beirak retoma al antropólogo Arjun Appadurai para señalar que la imaginación es, a la vez, el lugar donde el poder disciplina y donde puede nacer el disenso colectivo.

Esa misma capacidad de decir, insinuar y transmitir lo que otros lenguajes no alcanzan a expresar es lo que hace insustituible al arte, y también lo que más incomoda a quienes prefieren que ciertas cosas no se digan. Tal vez por eso los pretextos para silenciarlo rara vez se atreven a decir su verdadero nombre.

 

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en freemuse.org

 

---